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La cabecilla de la ocupación de la casona de Ronzón, condenada a desalojarla y multada con 540 euros

La Voz de Lena, 22 May 2019

El juez de Instrucción de La Pola ha emitido un veredicto por el que condena a María Riikonen, "ocupa" confesa de la casona de Ronzón, al pago de una multa de 540 euros (a razón de 6 euros diarios durante un periodo de 3 meses) y al desalojo de las instalaciones de la parroquia de Castiello.

La pena impuesta supone una rebaja sobre la petición de la Fiscalía, que solicitaba 9 euros diarios durante seis meses (1.620 euros). La acusación particular, ejercida por la Fundación que gestiona ese bien patrimonial, había elevado la reclamación a 10 euros diarios, mientras que la defensa había pedido su libre absolución. El juicio se celebró en la mañana del martes 18 de junio, rodeado de fuertes medidas de seguridad (se movilizaron incluso fuerzas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia, con una preparación similar a las de los antidisturbios) ante una convocatoria por las redes sociales en apoyo de la acusada, si bien la movilización fue pacífica en todo momento y no se produjeron altercados.

En nombre del patronato declaró el funcionario municipal Ramón García, en calidad de apoderado, siendo asistido por la letrada María del Mar Tomillo. En su testimonio ante el juez confirmó que denunció los hechos ante la Guardia Civil al comprobar que el inmueble había sido ocupado por un grupo de personas y que en las puertas de acceso a la finca se habían colgado carteles en los que se avisaba que se trataba de "una propiedad privada" y que cualquiera que entrase en su interior sin su autorización se exponía a una denuncia por allanamiento de morada. Dos agentes del Instituto Armado corroboraron sus palabras.

María Riikonen, nacida en Finlandia, reconoció que había entrado en el inmueble con el propósito de reconvertirlo "en un centro social abierto" y desarrollar diferentes actividades en el interior del mismo, tras constatar que no se le había dado uso alguno durante los últimos años.

La Fundación que rige esos terrenos, donados al pueblo por unas terratenientes del lugar, con la condición de que se les diera utilidad para fines agrícolas y ganaderos, puso el caso en manos de la justicia para tratar de recuperar en el menor plazo posible un equipamiento que fue reformado hace cinco años, con una inversión superior a 300.000 euros, costeados por el “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (“ADIF”), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, tras detectarse varias grietas en su estructura, como consecuencia de la perforación de un túnel para abrir paso a la Variante Ferroviaria del Pajares.

En la fotografía, dispositivo policial montado frente al Juzgado, formando una barrera de protección ante los movilizados en la Plaza Alfonso X el Sabio.

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