La propiedad del Casino de Lena solicita al Juzgado una prórroga para la demolición del bajo cubierta

La propiedad del antiguo Centro Cultural y Recreativo Casino de Lena, la empresa “Turismo Aramo S. L.”, ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo una prórroga para ejecutar la sentencia que ha decretado la demolición del bajo cubierta, a la espera del fallo de un segundo proceso judicial iniciado por otra denuncia ante una supuesta superación de la volumetría en la segunda planta del clásico inmueble de la calle Corresponsal Tino Rebustiello, junto al Parque Infantil, en el centro de La Pola. “Cualquier ejecución en estos momentos en la planta bajo cubierta podría resultar inútil, pues la planta bajo cubierta reconstruida debería tener que volver a rehacerse en su integridad si después hay que suprimir la segunda planta”, expone la sociedad titular de ese bien patrimonial en su alegación.

En su escrito inciden en que obtuvieron la correspondiente licencia de obras para un proyecto de reforma, otorgada por la Junta de Gobierno Local en una sesión que tuvo lugar el 13 de julio de 2020. Sin embargo, esta autorización sería anulada por una sentencia emitida el 24 de noviembre de 2022. Como se ha publicado en este periódico, el pasado 4 de junio el Juzgado trasladaba una diligencia al Ayuntamiento de Lena y a “Turismo Aramo S. L.” para que llevasen a cabo de manera inmediata el derribo de la ampliación realizada en el bajocubierta, con un plazo máximo de diez días para proceder a la demolición, aunque se facilitaba la posibilidad de interponer un recurso contra la resolución en los cinco días siguientes a su emisión.

El Tribunal Supremo (TS) había declarado ese recrecido como “no legalizable”, dando por cerrado así un proceso judicial que se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el propietario del edificio colindante, al considerar que el medio metro de altura que se ha añadido en la fachada de la casona solariega supera la volumetría permitida en el “Plan General de Ordenación Urbana” (“PGOU”) para esa zona de la localidad.

En un Pleno ordinario celebrado el viernes 31 de mayo la alcaldesa, Genma Alvarez Delgado, anunciaba que se pediría a la sociedad titular del equipamiento que cumpliese la sentencia judicial con la máxima celeridad, si bien la empresa implicada podrá reclamar al Consistorio los costes que acarreen los trabajos, ya que le fue expedida la correspondiente licencia municipal.