El Gobierno de Lena resalta como "atención a un barrio" una obra que ha tenido que ejecutar por sentencia judicial

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Lena, de Izquierda Unida (IU), ha presentado en sus perfiles en las redes sociales unas reformas realizadas recientemente en el barrio de La Crespa como una obra que acarrea un avance y que fue realizada en respuesta a las “peticiones vecinales” de esa zona de La Pola, cuando en realidad buena parte de la actuación ha sido ejecutada en cumplimiento de una sentencia judicial, tras interponer una demanda la propietaria de una casa independiente a la que el añadido de una capa de hormigón sobre el firme de la calzada le había bloqueado el acceso a su garaje.

En el mensaje difundido por IU, compartido por la alcaldesa, Genma Alvarez Delgado, se puede leer, literal: “Seguimos avanzando… Obras terminadas en el barrio de La Crespa. Seguimos atendiendo las peticiones vecinales”. Sin embargo, esa amable visión contrasta con la que ofrece la titular de la vivienda señalada, Blanca Flor Fernández Montero, quien lamenta que haya tenido que acudir a los tribunales, "con los consiguientes gastos y trastornos", para ver resuelta una reclamación que en primera instancia dirigió a la Concejalía de Obras y Urbanismo, con fecha del 22 de enero de 2016, y que intentó trasladar personalmente a la propia Alcaldesa, sin conseguir ser recibida en su despacho.

En aquella instancia la afectada exponía que “el camino situado delante de mi casa adolece de serios problemas, que me hacen muy complicado el acceso a pie, sobre todo durante los meses de invierno, dado que no está rallado de ninguna forma y es muy resbaladizo, con el peligro que ello supone. En cambio, en la otra zona del barrio sí está rallado y se puede transitar igualmente en caso de heladas sin ningún problema”. Además de ese agravio comparativo, Blanca Flor Fernández incidía en que la reparación había dejado inaccesible su cochera: “Cualquier vehículo que quiera acceder a la misma pega en el suelo por la parte de abajo y es absolutamente imposible su entrada, por lo que hace que sea inservible para el fin principal de guardería de vehículos, habiendo requerido ya en múltiples ocasiones a que se rebaje, hasta quedar como estaba y permitir el acceso de un coche”.

Ante la pasividad del Consistorio decidió poner el caso en manos de la Justicia, que en diciembre de 2023 emitía un fallo por el que se le otorgaba la razón (se reproduce en la imagen) e instaba a realizar los trabajos necesarios para subsanar esa anomalía. “Que ahora lo intenten presentar como un favor, después de tan larga espera, de las vueltas que he tenido que dar y de los quebraderos de cabeza que me ha costado todo esto, no lo puedo tolerar”, enfatiza Blanca Flor Fernández, quien también reprocha al Gobierno local que desde que inició el litigio no se preste el servicio municipal de limpieza en los aledaños a su domicilio.