Portada | TRIBUNA LIBRE

“Ficheros de morosos”

La Voz de Lena, 23 Marzo 2017

Pedir un préstamo a entidades financieras es práctica normal. El problema surge cuando éste es desestimado porque la persona que lo solicita figura en un fichero de información sobre solvencia patrimonial (los llamados “ficheros de morosos”), una inclusión que en muchas ocasiones desconoce hasta que se le comunica la denegación y el motivo.

Son frecuentes las pequeñas deudas derivadas de contratos de telefonía móvil (por lo general sin que el afectado sepa de ellas), que no son reclamadas judicialmente por las compañías, pero que sí son comunicadas a registros como “Asnef” o “Badescug”, entre otros, unos ficheros informáticos que recogen datos de carácter personal sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias y que están destinados a dar cuenta a las entidades crediticias de los clientes, efectivos o potenciales, que han incumplido pagos con anterioridad, para que fundadamente adopten las decisiones que estimen convenientes. Ahora bien, aparecer en uno de estos ficheros puede suponer una vulneración del derecho fundamental al honor, regulado en el artículo 18 de la Constitución Española.

Desde el punto de vista jurídico hay que determinar si el honor de alguien ha sufrido una lesión por parte de quien ha facilitado sus datos a un “fichero de morosos”. La jurisprudencia del Tribunal Supremo contempla el honor en dos aspectos íntimamente ligados: el de la inmanencia, que es la estimación que cada cual tiene de sí mismo, y el de la trascendencia o exteriorización, representada por la consideración que los demás hacen de nuestra dignidad. La entidad que cede los datos de una persona (física o jurídica) para incluirlos en un “fichero de morosos” ha de cumplir rigurosamente las exigencias contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el reglamento que la desarrolla. Y, por otra parte, el responsable del fichero ha de comunicarle al afectado, en el plazo de 30 días, su inclusión en el mismo, la empresa que ha cedido sus datos y el importe de la deuda, así como informarle de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El acreedor tiene que presentar un requerimiento previo de pago y demostrar que existe una deuda vencida, debiendo respetarse los principios de prudencia y de proporcionalidad. Por tanto, no cabe incluir en tales ficheros deudas inciertas, no pacíficas o sometidas a litigio. Basta para ello con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia.

En caso de que se incumplan esos requisitos el Tribunal Supremo reconoce el derecho de los afectados a ser indemnizados por los daños morales y materiales que hayan sufrido, dado que la indebida inclusión en un “fichero de morosos” vulnera el derecho al honor de la persona, por la valoración social negativa y porque tal imputación lesiona la dignidad y atenta contra la propia estimación.

En cuanto a la indemnización, el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, establece una presunción “iuris et de iure” (establecida por la Ley y sin posibilidad de prueba en contrario), de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como ocurre con el tratamiento de datos personales en un “registro de morosos” sin cumplir las exigencias que establece la LOPD.

Este perjuicio indemnizable ha de incluir el daño patrimonial, y en él tanto los concretos, fácilmente verificables y cuantificables (por ejemplo, el derivado de que hubiera tenido que pagar un mayor interés para conseguir financiación), como los provocados por la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios. Y, también, el desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesional que ha ocasionado dicha inclusión en el registro. La indemnización ha de resarcir, asimismo, el daño moral, entendido como aquel que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo del individuo. Además, sería indemnizable el quebranto y la angustia producida por el proceso, más o menos complicado, que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos incorrectos.

La Ley concede un plazo de cuatro años desde que se tuvo conocimiento de la indebida inclusión en un “fichero de morosos” para acudir a los tribunales y reclamar una indemnización.

Comentarios

No hay comentarios

Para poder dejar sus comentarios debe estar logueado en la web. Registrarse