Desahucios

Jurislena Abogadas, 01 Marzo 2017

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios de viviendas por impagos del alquiler han crecido exponencialmente, debido a los cambios que sufre el mercado inmobiliario, en el que los precios de los alquileres se han encarecido, y supone algo más de seis de cada diez lanzamientos que se producen en España, donde miles de propietarios acuden a este proceso para recuperar sus propiedades en el caso de que éstas no hayan sido devueltas voluntariamente por parte de sus inquilinos.

Hay que tener en cuenta que desde 2013, año en el que se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los dueños pueden demandar al inquilino e iniciar el proceso de desalojo con tan sólo un mes de impago. ¿Pero qué ocurre si los ocupantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad?

El 6 de marzo entraba en vigor el Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 de marzo, modificando sustancialmente la LAU en dos aspectos: la duración de los contratos y el procedimiento de desahucio por falta de pago y por expiración del término, introduciendo en el artículo 440, apartado quinto, lo siguiente: “En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al demandando de la posibilidad de que acuda a los Servicios Sociales y, en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los Servicios Sociales. En caso de que los Servicios Sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los Servicios Sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los Servicios Sociales a los que puede acudir el ciudadano”.

En función de este punto, aquellos inquilinos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, tanto social como económica, podrán acudir a los Servicios Sociales de su población y, previo lanzamiento de la vivienda, ponerlo en conocimiento del Juzgado, para así solicitar un aplazamiento o suspensión.

Lo aconsejable es contratar los servicios de un abogado especializado, que asesorará sobre aquellas incidencias que pueden surgir a lo largo de un procedimiento judicial de desahucio.

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